Es frecuente que una persona que reside fuera del Perú necesite otorgar un poder a favor de un representante en este país. El poder puede ser necesario, por ejemplo, para vender o adquirir un inmueble, realizar trámites ante entidades públicas, intervenir en procedimientos judiciales o representar a una sociedad.
Antes de otorgarlo, conviene definir qué formalidades debe cumplir el documento para que produzca efectos en el Perú y, cuando corresponda, pueda inscribirse en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). La respuesta depende, entre otros factores, del tipo de facultades conferidas, del país en el que se otorga el poder y de las formalidades admitidas por la legislación de ese país.
En términos generales, existen dos vías: otorgar el poder ante un funcionario consular peruano o formalizarlo ante un notario o autoridad extranjera. Aunque ambas alternativas pueden ser válidas, sus requisitos y el procedimiento para utilizarlas en el Perú son distintos.
1. Otorgamiento de poderes ante un consulado peruano
Una persona que se encuentra en el extranjero puede otorgar un poder ante un funcionario consular peruano, quien ejerce funciones notariales conforme al artículo 118 del Reglamento Consular del Perú, aprobado por Decreto Supremo N.° 032-2023-RE. En consecuencia, el poder otorgado ante el consulado se extiende observando las formalidades de la legislación peruana y produce efectos en el Perú conforme al régimen aplicable a los instrumentos notariales.
El artículo 131 del Reglamento Consular reconoce tres modalidades de poderes consulares: (i) poder por escritura pública; (ii) poder fuera de registro; y (iii) poder por carta con firma legalizada. Esta clasificación coincide con la prevista para los poderes otorgados ante notario en el artículo 117 del Decreto Legislativo N.° 1049, Decreto Legislativo del Notariado.
El poder por escritura pública se rige por los artículos 118 y siguientes del Decreto Legislativo del Notariado y se incorpora al Registro de Instrumentos Públicos de la oficina consular. Es la modalidad que corresponde, entre otros supuestos, cuando se otorgan facultades para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, conforme al artículo 156 del Código Civil. Por ello, si se pretende vender o hipotecar un inmueble, esta es la modalidad que debe considerarse para un otorgamiento ante el consulado peruano.
El poder fuera de registro, regulado por el artículo 119 del Decreto Legislativo del Notariado, se rige por las disposiciones aplicables al poder por escritura pública, pero no requiere ser incorporado al protocolo notarial para su validez. Por su parte, el poder por carta con firma legalizada se otorga en documento privado, de acuerdo con el artículo 120 de la misma norma. La modalidad que corresponda dependerá de la naturaleza del encargo y de las formalidades exigidas para el acto que realizará el apoderado.
Debe distinguirse, además, entre la modalidad formal del poder y el alcance de las facultades conferidas. Conforme al artículo 155 del Código Civil, el poder general comprende únicamente actos de administración, mientras que el poder especial comprende los actos para los cuales ha sido conferido. Por tanto, la expresión «general» o «especial» describe el alcance de la representación y no constituye una cuarta modalidad documental.
El artículo 122 del Decreto Legislativo del Notariado establece que el uso de cada modalidad de poder se determina en función de la cuantía del encargo y que, cuando este no sea susceptible de valoración, se aplican las reglas del derecho común. En todo caso, esta regla debe leerse conjuntamente con las exigencias específicas del Código Civil: por ejemplo, el artículo 156 exige escritura pública, bajo sanción de nulidad, para el poder destinado a disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes.
Asimismo, el artículo 132 del Reglamento Consular dispone que, cuando en los poderes por escritura pública o fuera de registro se citen normas legales relativas a actos de disposición o al otorgamiento de facultades sin indicar su contenido, el funcionario consular debe transcribirlas literalmente.
Si el poder se otorga ante un funcionario consular peruano, su inscripción en SUNARP se realiza mediante el parte consular correspondiente. El artículo 120 del Reglamento Consular establece que las oficinas consulares llevan un Registro de Instrumentos Públicos y efectúan el traslado o presentación de los partes consulares a SUNARP por medios electrónicos. Los partes presentados electrónicamente, firmados digitalmente por el funcionario consular, no requieren legalización adicional del Ministerio de Relaciones Exteriores y constituyen título suficiente para su presentación e inscripción. Excepcionalmente, cuando se expidan partes físicos, estos sí deben ser legalizados por dicho Ministerio.
Esta vía suele ofrecer mayor previsibilidad registral y reduce el riesgo de observaciones relacionadas con las formalidades del otorgamiento, ya que el documento se extiende bajo la legislación peruana. Además, la presentación electrónica del parte consular simplifica su remisión a SUNARP, cuando el consulado cuenta con el sistema habilitado.
2. Otorgamiento de poderes ante un notario extranjero
También es posible otorgar un poder ante un notario u otra autoridad competente del país en el que se encuentra el otorgante. En este caso, la forma del acto y del instrumento debe analizarse conforme a las normas peruanas de Derecho Internacional Privado y a la legislación del lugar de otorgamiento.
El RIMP regula expresamente, en su artículo 16, la inscripción de poderes otorgados ante funcionarios consulares peruanos. Por su parte, el artículo 23 señala que la inscripción del otorgamiento de poder y de determinadas modificaciones se efectúa en mérito del parte notarial de escritura pública o del parte consular. Estas disposiciones no desarrollan de manera específica un procedimiento autónomo para toda clase de documentos otorgados ante notarios extranjeros.
3. ¿Qué legislación determina la forma del poder otorgado en el extranjero?
Cuando una persona otorga un poder ante un notario extranjero, no debe asumirse que el documento tiene que cumplir necesariamente las mismas formalidades que exige la legislación peruana. Para determinar si puede utilizarse e inscribirse en el Perú, es necesario identificar qué legislación regula su forma y verificar que cumpla los requisitos exigidos para su reconocimiento en nuestro país.
En ese sentido, el artículo 11 del Reglamento General de los Registros Públicos (RGRP) permite la inscripción de documentos otorgados en el extranjero, siempre que contengan actos o derechos inscribibles conforme a la legislación peruana. Esta disposición exige, además, que los documentos se presenten en español o acompañados de su traducción y que cumplan las formalidades de legalización correspondientes. Para calificar su validez, remite a las normas de Derecho Internacional Privado contenidas en el Libro X del Código Civil.
En particular, el artículo 2094 del Código Civil establece que la forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rige por la ley del lugar donde se otorgan o por la ley que regula la relación jurídica objeto del acto. La misma disposición precisa que, cuando los instrumentos se otorgan ante funcionarios diplomáticos o consulares del Perú, deben observarse las formalidades de la legislación peruana.
Por su parte, el artículo 2049 del Código Civil establece un límite a la aplicación de la legislación extranjera: esta no será aplicable cuando resulte incompatible con el orden público internacional peruano o las buenas costumbres, supuesto en el cual se aplicarán las disposiciones del derecho interno.
En consecuencia, un poder otorgado ante un notario extranjero no debe ser rechazado únicamente porque su forma documental sea distinta de la prevista por la legislación peruana. Lo determinante es establecer cuál es la ley aplicable a su forma y verificar que su reconocimiento y sus efectos no resulten incompatibles con el ordenamiento jurídico peruano.
4. Acreditación del contenido de la legislación extranjera
Si el poder se otorga conforme a las formalidades del país de origen, surge una cuestión práctica: ¿cómo puede SUNARP verificar que el documento cumple los requisitos establecidos por esa legislación?
El artículo 11 del RGRP dispone que la calificación de la validez de los actos y derechos otorgados en el extranjero se realiza conforme a las normas de Derecho Internacional Privado del Código Civil. En aplicación de esta disposición, el Tribunal Registral ha establecido que, cuando resulte necesario conocer el contenido de la legislación extranjera para calificar un título, el interesado debe aportar documentación que permita acreditar su existencia y alcance. Esta documentación puede formar parte del título presentado para la inscripción.
Este criterio fue desarrollado en la Resolución N.° 348-2009-SUNARP-TR-L, en la que el Tribunal Registral precisó que el título puede comprender no solo el documento que contiene el acto cuya inscripción se solicita, sino también los documentos destinados a acreditar la legislación extranjera aplicable. No obstante, dicha acreditación no resulta necesaria cuando el registrador o el propio Tribunal conocen el contenido de esa legislación.
El criterio fue aplicado posteriormente en la Resolución N.° 2205-2017-SUNARP-TR-L, referida a un poder otorgado ante un notario español. En ese caso, el Tribunal examinó la legislación aplicable y verificó que esta permitía otorgar poderes mediante escritura pública notarial. Al conocer su contenido y comprobar que el instrumento se había otorgado conforme a dicha normativa, concluyó que no correspondía exigir documentación adicional para acreditar la legislación extranjera y dispuso la inscripción del poder.
Por ello, antes de otorgar un poder ante un notario extranjero, es conveniente verificar si será necesario acreditar ante SUNARP el contenido de la legislación del país de otorgamiento. Si el registrador no conoce dicha normativa, podría requerir documentación que permita comprobar las formalidades aplicables. Anticipar este aspecto puede evitar observaciones y retrasos en la inscripción.
5. ¿Es obligatorio que el poder para vender un inmueble conste en escritura pública?
El artículo 156 del Código Civil establece que el poder para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes debe constar en escritura pública, bajo sanción de nulidad. Sin embargo, cuando el poder se otorga en el extranjero, esta exigencia debe analizarse conjuntamente con las normas peruanas de Derecho Internacional Privado. En efecto, conforme al artículo 2094 del Código Civil, la forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rige por la ley del lugar donde se otorgan o por la ley que regula la relación jurídica objeto del acto.
En ese sentido, no puede afirmarse que todo poder otorgado en el extranjero para vender un inmueble ubicado en el Perú deba constar necesariamente en una escritura pública otorgada conforme a las formalidades peruanas. La Resolución N.° 0543-2024-SUNARP-TR, al recoger el criterio de la Resolución N.° 277-96-ORLC/TR, señala que la exigencia del artículo 156 del Código Civil constituye una norma de orden público interno, pero no necesariamente de orden público internacional. Por tanto, dicha exigencia no excluye automáticamente la aplicación de la legislación extranjera que resulte competente.
Así, por ejemplo, si la legislación del país donde se otorga el poder permite conferir facultades para vender un inmueble mediante un documento privado con firma certificada ante notario, sin exigir una escritura pública, podría admitirse esa formalidad en el Perú, siempre que resulte aplicable dicha legislación y se acredite que el poder fue otorgado cumpliendo sus requisitos. Si el registrador o el Tribunal Registral no conocen la normativa extranjera correspondiente, podrán requerir al interesado documentación que permita acreditar su existencia y contenido, conforme al criterio desarrollado por el Tribunal Registral en materia de acreditación de la legislación extranjera.
6. Apostilla, legalización y traducción de los poderes otorgados en el extranjero
El artículo 11 del RGRP establece que los documentos otorgados en el extranjero que se presenten para su inscripción deben estar legalizados conforme a las normas sobre la materia y redactados en español o acompañados de su traducción.
Para cumplir con este requisito, debe distinguirse entre dos procedimientos, dependiendo de si el país de otorgamiento es parte del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, que suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros.
Si el poder se otorga en un país parte del Convenio, deberá obtenerse la apostilla expedida por la autoridad competente de dicho país. El artículo 1 del Convenio incluye dentro de los documentos públicos las certificaciones notariales incorporadas a documentos privados, como puede ocurrir con la certificación de la firma del otorgante. Por tanto, un poder instrumentado en documento privado con firma certificada ante notario extranjero también puede estar sujeto a apostilla.
Si el país de otorgamiento no es parte del Convenio, deberá seguirse el procedimiento de legalización consular. En términos generales, este comprende la certificación de las firmas por las autoridades competentes del país de origen, la intervención del funcionario consular peruano correspondiente y la posterior legalización de su firma ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Este procedimiento se encuentra regulado por el Reglamento de los Procedimientos Administrativos de Legalización y Apostilla, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2021-RE.
Es importante precisar que, conforme al artículo 5 del Convenio de La Haya, la apostilla certifica la autenticidad de la firma, la calidad en que actuó la persona que suscribe el documento y, cuando corresponda, la identidad del sello o timbre. No acredita la validez del contenido del poder ni que este haya sido otorgado cumpliendo las formalidades exigidas por la legislación extranjera aplicable. Por ello, la apostilla no sustituye el análisis jurídico de la validez del poder ni garantiza su inscripción en SUNARP.
Finalmente, si el poder está redactado en un idioma distinto del español, deberá acompañarse de su traducción al castellano, conforme al artículo 11 del RGRP. Para evitar observaciones, conviene verificar previamente el tipo de traducción admitido para el trámite registral correspondiente.
Conclusión
Un poder otorgado en el extranjero puede utilizarse e inscribirse en el Perú sin que necesariamente deba reproducir las formalidades de una escritura pública peruana. Para determinar su validez y registrabilidad, es necesario identificar la legislación aplicable a su forma, verificar que se hayan cumplido sus requisitos y observar las exigencias de autenticación y traducción correspondientes.
El otorgamiento ante un funcionario consular peruano suele ofrecer mayor previsibilidad cuando se busca utilizar directamente las formalidades peruanas. No obstante, el otorgamiento ante un notario extranjero también puede ser una alternativa viable, siempre que se evalúen previamente sus implicancias legales y registrales.
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